Por Ricardo Uceda

La tarde del pasado viernes 9 de abril, la jueza Janet Lastra, del Sexto Juzgado Penal de Lima, se negó a dictar sentencia.

Frente a ella, el biólogo Ernesto Bustamante le pedía resolver, pero la jueza dijo que suspendería el acto de lectura de su decisión porque las partes habían sido citadas incorrectamente. El juicio en sí mismo era insólito. Dos años atrás, Bustamante criticó un trabajo científico de la doctora Antonietta Gutiérrez, destacada genetista, profesora principal de la Universidad Agraria La Molina. Gutiérrez se sintió ofendida en su honor y denunció al opinante. Como no es común que en un debate académico una de las partes enjuicie a la otra, aparecieron artículos sobre la querella en las revistas científicas Nature, del Reino Unido, y AgBiothec Reporter, de los Estados Unidos, y en las páginas web del Meridian Institute de París y de Biotrin, de la República Checa. Esto ocurrió después de que académicos reunidos en PerúBiotec, una asociación de conocidos biotecnólogos, respaldaran públicamente a Bustamante. Para Gutiérrez, sin embargo, hubo ofensa en su contra, no crítica científica.

El estudio de Antonietta Gutiérrez, divulgado por primera vez en el diario El Comercio en el 2008, aseguró que en Barranca se había sembrado dos variedades de maíz transgénico. La siembra de estos seres vivos cuyos genes han sido modificados es ilícita. En el Perú, a pesar de que desde 1999 existe una ley por la cual se podría cultivar semillas transgénicas bajo determinadas condiciones, en la práctica nadie lleva a cabo la actividad, que se sepa. Durante 11 años la ley no se ha reglamentado, esa es la explicación. De acuerdo con el trabajo de Gutiérrez, en el país esto ya ocurría de manera ilegal.

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